PDF-Carta solidaridad CELA-Colombia

Comunicado

Desde el CELA, manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, ante la criminal represión de la que fue víctima por parte del gobierno dirigido por Iván Duque. El rechazo popular a una reforma tributaria regresiva que cargaba el costo de la crisis sobre la clase trabajadora tomó la forma de multitudinarias protestas a lo largo del país. Las exigencias del pueblo tuvieron por respuesta la única que históricamente ha conocido la clase dominante colombiana: la política de la muerte, mediante el despliegue generalizado de la violencia para infundir el terror.

Tras 12 días del inicio del estallido social, había un estimado del Instituto de Asuntos para la Paz de unas 47 personas asesinadas, y la oenegé Temblores reportaba 963 detenidos y 12 casos de violencia sexual. Los principales perpetradores de los crímenes fueron los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) e integrantes del ejército.

Esta matanza no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón histórico de comportamiento criminal del Estado colombiano. Ese Estado, en defensa tanto de los intereses de los capitalistas y terratenientes nacionales como de las empresas transnacionales y organismos financieros internacionales, no ha dudado en utilizar todos los medios coercitivos a su disposición dentro y fuera de la legalidad, desde la criminalización de las protestas, el apoyo a escuadrones de la muerte, la persecución, desaparición y asesinato de dirigentes sociales, y el exterminio sistemático de organizaciones políticas y comunidades en resistencia.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz, solo desde el 2016, tras la Firma de los Acuerdos de Paz, han sido asesinados 904 líderes sociales y 276 excombatientes de la FARC. En los hechos, la guerra continuó, en colusión y bajo la tutela de Estados Unidos. Las FARC y el combate contra las drogas eran solo un pretexto, ya que ha sido siempre en realidad una guerra contra el pueblo en defensa del capital.

Por ello, es claro que el contenido de la reforma no era una improvisación de pandemia. Es la continuidad de las políticas neoliberales de ajuste estructural, pretendiendo disminuir la carga tributaria sobre el capital, a la par que la aumentan sobre los salarios y el consumo de los trabajadores. Es la violencia estructural que le roba al pueblo toda esperanza de mejorar sus condiciones de vida, sobre la base de una agudizada explotación de la fuerza de trabajo, exponiendo al supuesto Estado social de derecho como una fachada.

La memoria viva de la masacre de las bananeras por órdenes de la United Fruit Company y los disturbios del bogotazo tras el asesinato de Eliecer Gaitán, sirven de antesala para comprender las causas estructurales de los conflictos que nos llevan al paro nacional de noviembre de 2019 y las manifestaciones iniciadas el 28 de abril de 2021 a razón de la reforma tributaria.

La reforma fue solo el detonante, pero el estallido tiene raíces profundas, por lo que su retiro por el gobierno de Duque no iba a aplacar las protestas. Expresan un rechazo creciente a una forma de organizar la sociedad que concentra la propiedad sobre las fuentes de riqueza en manos de unos cuantos mientras condena a la miseria a las grandes mayorías, haciendo de Colombia uno de los países más desiguales del mundo. Es la forma que asume el capitalismo en Colombia, cuyas contradicciones solo han podido contener mediante una violencia estatal despiadada, pero que se ha mostrado cada vez más incapaz de aplacar a un pueblo que se rehúsa a someterse, con trabajadores, estudiantes, indígenas y campesinos tomándose las calles, rompiendo el cerco gubernamental a riesgo de su propia vida.

Desde Panamá, donde también enfrentamos el asedio de gobiernos serviles al capital e imperialismo estadounidense, sabemos bien que las reformas derrotadas en Colombia son solo una avanzada dentro una ofensiva general contra la clase trabajadora latinoamericana y mundial, por lo que, aunque se han vencido en la batalla, la guerra continua. Bajo un envoltorio particular a cada realidad nacional, intentarán imponer la misma receta, por las buenas o malas, una y otra vez, en todas nuestras naciones. La lucha de clases dentro de cada nación es parte de la lucha de clases a escala global, y solo una solidaridad internacionalista que unifique a la clase de los desposeídos más allá de todas las fronteras nos dará la fortaleza para vencer.

Desde el CELA, nos solidarizamos con los colombianos que han perdido a sus seres queridos en las protestas, que han sufrido en carne propia las detenciones, golpizas y torturas, y con los millones que viven en desasosiego bajo la amenaza permanente de nuevas medidas que busquen despojarlos de las precarias condiciones de supervivencia que les quedan.

Exigimos castigo para los responsables y cómplices de la represión, con la debida reparación para los afectados. A su vez, nos unimos a las voces que reclaman como paso inicial una propuesta de política tributaria progresiva, que priorice las necesidades de los pobres y trabajadores, redistribuyendo riqueza e ingresos desde los grandes capitales y patrimonios hacia las masas desposeídas, para que sean quienes se han apropiado de las riquezas en Colombia los que paguen el costo de la crisis.

Por la vida, solidaridad desde Panamá con el hermano pueblo colombiano.